El acceso a los alimentos y el mantenimiento de un estado nutricional adecuado, resultan cruciales para la supervivencia de las personas en casos de desastre⁶.

Existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen, en todo momento, acceso físico, social y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos, a fin de llevar una vida activa y sana⁷.

La disponibilidad de alimentos inocuos, constituye un derecho humano, que contribuye a la salud y a la productividad. Además, brinda una plataforma efectiva para que exista progreso y mitigar los efectos de la pobreza. Las enfermedades transmitidas por alimentos y las enfermedades no trasmisibles, relacionadas con la dieta, ocasionan un impacto negativo, tanto social como económico.

Hoy enfrentamos en el mundo, una doble carga de enfermedad: La coexistencia de malnutrición por exceso y por déficit. En el caso de nuestro país, se traduce en un aumento de la prevalencia de obesidad y enfermedades asociadas, y el ocultamiento de déficits de micronutrientes que se pueden traducir en talla baja, especialmente en poblaciones más afectadas social y económicamente⁸.

En términos generales, para una adecuada intervención en seguridad alimentaria se sugiere considerar:

1. Toda intervención debe estar basada en una evaluación de las necesidades y capacidades de las comunidades. La evaluación de la seguridad alimentaria⁹ debe considerar: Disponibilidad, consumo y uso de alimentos y el acceso a ellos; factores que generan o pueden generar inseguridad alimentaria; el estado nutricional de la población antes y después de la ocurrencia del evento adverso; evaluación del mecanismo de respuesta más adecuado a la situación, acciones de respuesta por parte de otros actores y la complementariedad con éstas; análisis del mercado y economía local, considerando el efecto del evento adverso y las repercusiones que tendrá la respuesta en ellos; las estrategias de afrontamiento que aplican las comunidades y los grupos más vulnerables.

2. Las respuestas en materia de seguridad alimentaria se deben orientar a satisfacer las necesidades a corto plazo, aplicar el principio de “no causar daño”, reducir la necesidad de la población afectada de adoptar estrategias de afrontamiento que pueden ser perjudiciales y contribuir a restablecer la seguridad alimentaria a largo plazo¹⁰.

3. Se debe respetar la cultura local en el uso y consumo de los alimentos y promover la recuperación y desarrollo de la economía local. En este sentido, los productos alimenticios que se suministran son idóneos y aceptables para los destinatarios, a fin de que se puedan utilizar de forma eficiente y eficaz en el hogar¹¹. Se debe considerar la posibilidad de distribuir alimentos preparados en los casos en que la población afectada no cuenta con medios para cocinar y evaluar la capacidad de las personas para almacenarlos. Los alimentos deben ser inocuos y de calidad adecuada.

4. Promover la salud alimentaria a través de acciones y mensajes basados en las Guías Alimentarias para la Población Chilena. Asimismo, se debe promover la higiene en la manipulación de alimentos.

5. Las acciones de promoción y protección de la alimentación del lactante y del niño y niña pequeños deberá basarse en la Guía Operativa de Alimentación de Lactantes y Niños/as Pequeños/as en Emergencias y el Código Internacional de Comercialización de los Sucedáneos de la Leche Materna, así como las directrices y normativas en el ámbito nacional¹².

6. La entrega de alimentos o de beneficios encaminados a restablecer la seguridad alimentaria (entrega de dinero en efectivo, transferencia de fondos o programas de trabajo por comida, entre otros) debe considerar mecanismos de selección de beneficiarios, entrega y distribución que reduzcan el riesgo de errores. Asimismo, deben establecer claros criterios de inclusión y exclusión.

7. Las raciones deben ser calculadas de forma que compensen la diferencia entre las necesidades nutricionales y lo que las personas pueden obtener por sí mismas. Es necesario tener en cuenta el adecuado equilibrio en los aportes de: Proteínas, grasas, vitaminas y minerales. Asimismo, se debe tener en cuenta las necesidades adicionales de embarazadas y lactantes, las necesidades de niños y niñas pequeños, personas mayores y personas con enfermedades crónicas (especialmente VIH/PVVS).

8. Se debe considerar el impacto ambiental de la respuesta, especialmente en temáticas relacionadas a producción y manejo de residuos, afectación y explotación de recursos naturales, usos de suelos, contaminación de aguas, entre otros.

9. La distribución sin destinatario determinado – gratuita o subvencionada – de preparados para lactantes, leche en polvo, leche de consumo directo o productos lácteos como únicos productos básicos (se incluye aquí la leche para tomar el té) no debe incluirse en los programas de distribución general de alimentos o de alimentación suplementaria para llevar a casa, porque su utilización indiscriminada puede causar peligros graves para la salud. Toda respuesta en la que se incluya la leche, debe conformarse a la Guía Operativa de Alimentación de Lactantes y Niños/as Pequeños/as  en Emergencias y el Código Internacional de Comercialización de los Sucedáneos de la Leche Materna¹³.

10.  Los lugares de almacenamiento deberán cumplir con la legislación nacional, especialmente en lo referente a condiciones sanitarias e higiénicas. Asimismo, deben estar secas, adecuadamente protegidas de las condiciones climáticas y sin contaminar por residuos químicos o de otro tipo. Deben estar protegidas contra plagas como insectos y roedores. Debe existir un adecuado sistema de manejo y control de inventario.

11. Se debe llevar un estricto registro de las donaciones recibidas, las personas beneficiadas y los artículos distribuidos. Si no es posible hacer el registro en las etapas iniciales de un desastre, se deberá efectuar en cuanto la situación se estabilice.